Día del Abogado: una profesión que también mira hacia el futuro
Cada 9 de agosto, Panamá reconoce la labor de los profesionales del Derecho. Es una oportunidad para valorar una profesión tradicionalmente asociada con la defensa de derechos, la interpretación de las normas y la resolución de conflictos, pero cuyo papel dentro de las organizaciones ha evolucionado considerablemente.
Porque una empresa no necesita asesoramiento jurídico únicamente cuando aparece un problema.
Lo necesita cuando negocia un contrato, analiza una nueva relación comercial, estructura una operación, evalúa las consecuencias de una decisión, entra en un nuevo mercado o necesita comprender cómo un cambio regulatorio puede afectar sus actividades.
En todos esos momentos existe una oportunidad para utilizar el Derecho de manera preventiva.
Esta perspectiva resulta especialmente relevante en un entorno empresarial donde las decisiones están cada vez más relacionadas con diferentes dimensiones: regulación, riesgos, reputación, tecnología, gobierno corporativo, relaciones comerciales y obligaciones de cumplimiento.
El abogado contemporáneo, por tanto, puede aportar mucho más que una interpretación de lo que permite o prohíbe una norma.
Puede ayudar a la organización a comprender qué implicaciones tiene una decisión antes de tomarla.
Y esa capacidad de anticipación convierte al asesoramiento jurídico en una herramienta de gestión empresarial.
Del abogado que resuelve problemas al abogado que ayuda a prevenirlos
Existe una percepción tradicional del abogado como el profesional al que se recurre cuando ya existe un conflicto.
Una demanda.
Un incumplimiento contractual.
Una controversia.
Una investigación.
Un procedimiento administrativo.
Naturalmente, la representación y defensa jurídica continúan siendo funciones fundamentales de la profesión.
Pero limitar el papel del abogado a esos escenarios significa desaprovechar una parte importante de su capacidad profesional.
En el entorno empresarial moderno, el asesoramiento jurídico puede comenzar mucho antes.
Imagine que una organización está considerando establecer una relación comercial con un nuevo proveedor internacional.
Desde una perspectiva estrictamente comercial, probablemente analizará aspectos como precio, capacidad, experiencia y condiciones de entrega.
Pero existen otras preguntas.
¿Quién está realmente detrás de esa empresa?
¿Su estructura societaria es suficientemente transparente?
¿Existen circunstancias jurídicas o regulatorias que deban evaluarse?
¿Qué obligaciones contractuales asumirá cada parte?
¿Qué riesgos pueden derivarse de la relación?
¿Se han establecido mecanismos adecuados para actuar si las condiciones cambian?
Estas preguntas muestran cómo el Derecho puede participar en la prevención.
El objetivo no es eliminar todos los riesgos —algo imposible en cualquier actividad empresarial—, sino ayudar a que las decisiones se adopten con mayor información, trazabilidad y conocimiento de sus posibles consecuencias.
Por eso existe una diferencia importante entre reaccionar jurídicamente ante un problema y incorporar el criterio jurídico antes de que se tome una decisión.
La segunda opción no sustituye a la primera.
La complementa.
¿Dónde se encuentran el Derecho y el cumplimiento normativo?
Derecho y cumplimiento normativo mantienen una relación estrecha, pero no son exactamente lo mismo.
Esta distinción es importante.
El asesoramiento jurídico ayuda a interpretar las normas, comprender derechos y obligaciones, estructurar relaciones contractuales y analizar las consecuencias legales de determinadas decisiones.
El cumplimiento normativo tiene una dimensión organizacional más amplia.
Implica establecer mecanismos que permitan identificar las obligaciones aplicables, evaluar riesgos, desarrollar políticas y controles, formar a las personas, supervisar su funcionamiento y mejorar continuamente el sistema.
La norma internacional ISO 37301:2021, dedicada a los sistemas de gestión del cumplimiento, refleja precisamente esta visión integral: plantea un sistema que debe establecerse, desarrollarse, implementarse, evaluarse, mantenerse y mejorarse dentro de la organización. Entre los principios sobre los que se construye se encuentran la buena gobernanza, la proporcionalidad, la transparencia y la sostenibilidad.
Por tanto, el abogado puede desempeñar un papel muy relevante dentro de ese ecosistema, pero no debe presentarse como el único responsable.
Cumplimiento requiere colaboración.
Dependiendo de la organización, pueden intervenir:
- la Alta Dirección;
- el Oficial de Cumplimiento;
- asesores jurídicos;
- auditoría interna;
- gestión de riesgos;
- Recursos Humanos;
- tecnología;
- responsables operativos;
- y otras áreas especializadas.
Cada función observa el riesgo desde una perspectiva diferente.
El verdadero valor aparece cuando esas perspectivas se conectan.
Un abogado puede determinar que una determinada actuación se encuentra jurídicamente permitida.
El área de riesgos puede advertir que, aun siendo legal, presenta una exposición significativa para la organización.
Cumplimiento puede identificar controles adicionales necesarios.
Auditoría puede posteriormente comprobar si esos controles funcionan como fueron diseñados.
Y la Alta Dirección deberá finalmente tomar decisiones considerando toda esa información.
Ese trabajo multidisciplinario es precisamente lo que permite pasar de una visión basada únicamente en el cumplimiento formal de la norma hacia una gestión más madura del riesgo.
El abogado como traductor entre la norma y la realidad empresarial
Las normas no siempre están escritas pensando en la operativa cotidiana de una empresa.
Una obligación regulatoria puede ocupar unas pocas líneas en una disposición legal, pero convertirla en un procedimiento aplicable puede exigir responder muchas preguntas:
¿A qué operaciones afecta?
¿Quién debe intervenir?
¿Qué información debe conservarse?
¿Cómo debe documentarse una decisión?
¿Qué sucede si aparece una excepción?
¿Quién debe autorizarla?
¿Existe alguna obligación adicional?
Aquí aparece una de las aportaciones más importantes del asesoramiento jurídico empresarial: traducir las obligaciones legales al contexto real de la organización.
Porque conocer una norma no significa necesariamente saber cómo incorporarla a un proceso.
El reto consiste en conseguir que esa obligación pueda convertirse en:
Norma → criterio → procedimiento → control → comportamiento.
Cuando esa cadena funciona, el cumplimiento deja de existir únicamente en documentos y empieza a integrarse en la manera en que opera la empresa.
Y esto conecta directamente con una de las ideas centrales que hemos trabajado durante este mes en TP Panamá:
una verdadera cultura de cumplimiento comienza cuando las personas comprenden el propósito de las reglas y saben cómo aplicarlas en su trabajo cotidiano.
El abogado puede contribuir de forma importante a construir ese puente entre lo que establece la normativa y lo que realmente sucede dentro de una organización.
Pero siempre como parte de un sistema más amplio.
El abogado y la gestión del riesgo: anticipar antes de reaccionar
Toda decisión empresarial contiene algún grado de incertidumbre.
Contratar.
Invertir.
Expandirse.
Incorporar tecnología.
Trabajar con terceros.
Externalizar procesos.
Acceder a nuevos mercados.
Modificar una estructura corporativa.
El riesgo no puede eliminarse completamente.
Puede identificarse, analizarse y gestionarse.
Aquí vuelve a aparecer el valor preventivo del asesoramiento jurídico.
Antes de ejecutar una decisión, el abogado puede ayudar a identificar preguntas que quizá no sean evidentes desde una perspectiva puramente comercial.
Por ejemplo:
- ¿qué obligaciones asumirá la organización?
- ¿existen restricciones regulatorias?
- ¿cómo se distribuyen las responsabilidades entre las partes?
- ¿qué información debe solicitarse?
- ¿qué evidencias deberían conservarse?
- ¿qué mecanismos existen para terminar una relación si aparecen circunstancias de riesgo?
- ¿qué consecuencias podrían derivarse de un incumplimiento?
Esta forma de trabajar encaja además con una tendencia fundamental del cumplimiento moderno: el enfoque basado en riesgo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aplica este principio también a los profesionales jurídicos comprendidos dentro del alcance de sus recomendaciones. Su guía específica para profesionales legales destaca la importancia de identificar y comprender los riesgos antes de determinar las medidas de debida diligencia apropiadas.
La lógica resulta sencilla incluso fuera del ámbito técnico:
no todas las situaciones presentan el mismo riesgo y, por tanto, no todas deberían gestionarse exactamente de la misma manera.
Este principio ayuda a evitar dos extremos igualmente problemáticos.
Por un lado, controles insuficientes frente a situaciones que requieren mayor atención.
Por otro, procedimientos desproporcionados que generan burocracia sin mejorar realmente la capacidad de prevención.
El asesoramiento jurídico puede ayudar a encontrar ese equilibrio cuando trabaja coordinadamente con cumplimiento y gestión de riesgos.
Porque prevenir no significa impedir que la empresa asuma riesgos.
Significa ayudarla a comprenderlos antes de decidir cuáles está preparada para asumir.
Abogados y debida diligencia en Panamá: ¿qué establece realmente el marco regulatorio?
Hablar del papel del abogado en el cumplimiento normativo exige hacer una distinción importante.
No todo abogado que ejerce su profesión en Panamá está sometido automáticamente a las mismas obligaciones en materia de prevención.
Lo determinante es la actividad que realiza.
El marco panameño contempla obligaciones específicas para abogados y contadores públicos autorizados cuando, en el ejercicio de su actividad profesional, realizan determinadas actividades en nombre o por cuenta de sus clientes.
Esta precisión resulta esencial para evitar una interpretación demasiado amplia de la normativa.
La Ley 23 de 2015 y sus modificaciones, junto con las disposiciones que desarrollan el régimen aplicable, establece el marco para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dentro de este sistema existen determinadas actividades profesionales sometidas a supervisión.
En el caso de abogados y contadores públicos autorizados, la Superintendencia de Sujetos No Financieros ha desarrollado lineamientos específicos mediante el Acuerdo JD-02-2022, de 28 de julio de 2022.
Por tanto, debemos evitar una simplificación frecuente:
ser abogado no convierte automáticamente al profesional en sujeto supervisado por el mero hecho de ejercer el Derecho.
La naturaleza de los servicios que presta es determinante.
¿Qué actividades profesionales están comprendidas?
De acuerdo con las orientaciones publicadas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, el régimen alcanza a abogados y contadores públicos autorizados cuando realizan, en nombre o por cuenta de clientes, determinadas actividades.
Entre ellas se encuentran:
- compraventa de bienes inmuebles;
- administración de dinero, valores u otros activos de clientes;
- administración de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
- organización de aportes para la creación, operación o administración de personas jurídicas;
- creación, operación o administración de personas o estructuras jurídicas;
- compraventa de personas o estructuras jurídicas;
- actuación, o realización de arreglos para que otra persona actúe, como director, apoderado o en posiciones similares;
- provisión de determinados servicios de domicilio;
- actuación, o realización de arreglos para que otra persona actúe, como accionista;
- determinadas actuaciones relacionadas con fideicomisos;
- y los servicios y actividades propios del agente residente de personas jurídicas constituidas o registradas conforme a las leyes panameñas.
Esto permite comprender mejor el propósito de la regulación.
No se pretende convertir cualquier consulta jurídica en un procedimiento de debida diligencia.
El objetivo es aplicar medidas preventivas en determinadas actividades profesionales que, por sus características, pueden presentar riesgos que deben ser identificados y gestionados.
¿Qué significa esto para un abogado que realiza actividades sujetas a supervisión?
Cuando el profesional se encuentra dentro del ámbito correspondiente, la debida diligencia deja de ser simplemente una buena práctica comercial.
Forma parte de sus obligaciones preventivas.
En términos sencillos, significa que antes de prestar determinados servicios no basta con saber quién solicita el trabajo.
También puede resultar necesario comprender aspectos como:
- quién es realmente el cliente;
- quién actúa en su nombre;
- quién es el beneficiario final cuando intervienen personas o estructuras jurídicas;
- cuál es la naturaleza de la actividad del cliente;
- cuál es el propósito de la relación profesional;
- y qué nivel de riesgo puede representar esa relación.
La Superintendencia de Sujetos No Financieros ha desarrollado guías precisamente para facilitar esta labor y orientar a los profesionales en la aplicación de medidas proporcionales al riesgo identificado.
Aquí encontramos nuevamente un principio que debe atravesar todo programa de cumplimiento moderno:
conocer al cliente no consiste simplemente en acumular documentos. Consiste en comprender con quién se está estableciendo una relación y qué riesgos pueden derivarse de ella.
Identificar al beneficiario final: mirar más allá del nombre de una sociedad
Uno de los aspectos más relevantes de la debida diligencia aparece cuando el cliente es una persona jurídica o interviene una estructura jurídica.
Saber el nombre de una sociedad no necesariamente permite conocer quién se encuentra realmente detrás de ella.
Por eso adquiere especial importancia la identificación del beneficiario final.
En términos prácticos, el proceso busca llegar hasta la persona natural que finalmente posee, controla o se beneficia de la estructura correspondiente, según los criterios establecidos por el marco aplicable.
Esta información resulta especialmente importante cuando existen estructuras corporativas con diferentes niveles de participación o control.
El objetivo no debería entenderse como una formalidad documental.
Se trata de conseguir suficiente claridad sobre las personas involucradas para poder evaluar adecuadamente la relación y los riesgos asociados.
Para determinados profesionales jurídicos, esta responsabilidad adquiere una relevancia adicional debido a su participación en la creación, administración o funcionamiento de personas y estructuras jurídicas.
Panamá cuenta, además, con un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, administrado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, dentro del marco establecido para esta materia.
Todo ello refuerza una idea fundamental:
la transparencia sobre quién se encuentra detrás de una estructura jurídica constituye una pieza importante del sistema preventivo.
Debida diligencia no significa desconfiar de todos los clientes
Este punto merece especial atención porque afecta directamente a la manera en que las empresas y los profesionales perciben el cumplimiento.
Aplicar debida diligencia no significa asumir que todo cliente representa un problema.
Tampoco significa convertir cada nueva relación profesional en una investigación desproporcionada.
El principio que orienta el sistema es el enfoque basado en riesgo.
Esto implica identificar, evaluar y comprender los riesgos para aplicar medidas adecuadas a cada situación.
Una relación de menor riesgo no necesariamente requiere el mismo nivel de análisis que otra en la que intervienen estructuras complejas, jurisdicciones, operaciones o circunstancias que justifican una atención mayor.
Esta proporcionalidad resulta fundamental.
Porque existen dos formas de gestionar mal el riesgo.
La primera es solicitar muy poca información y no comprender suficientemente al cliente.
La segunda es solicitar indiscriminadamente enormes cantidades de documentación sin analizar realmente qué información resulta relevante.
Ninguna de las dos representa una gestión eficiente.
La debida diligencia debe permitir tomar mejores decisiones.
Ese es su propósito.
Del expediente documental al conocimiento real del cliente
Imagine dos escenarios.
En el primero, un despacho dispone de una carpeta con numerosos documentos sobre un cliente, pero nadie ha analizado de forma suficiente su actividad, su estructura o el propósito de la relación.
En el segundo, el profesional dispone de la documentación necesaria, pero además comprende quién es el cliente, qué actividad desarrolla, quién se encuentra detrás de la estructura cuando corresponde y cuáles son los factores que pueden modificar su nivel de riesgo.
¿En cuál de los dos existe un conocimiento más útil?
La diferencia está entre recopilar información y comprender información.
Y este matiz resulta particularmente importante en un momento en el que muchas organizaciones están experimentando lo que podemos denominar fatiga por debida diligencia: clientes y equipos internos sometidos a solicitudes repetitivas, duplicación de documentos y procesos administrativos que no necesariamente aportan una mejor comprensión del riesgo.
Un sistema preventivo maduro debe buscar precisamente lo contrario.
Solicitar la información necesaria.
Validarla adecuadamente.
Comprenderla.
Actualizarla cuando corresponda.
Y utilizarla para tomar decisiones.
Más documentación no equivale automáticamente a mayor control.
El verdadero valor de la debida diligencia aparece cuando la información permite comprender mejor el riesgo.
El abogado y el Oficial de Cumplimiento: funciones que no debemos confundir
Existe otro punto especialmente importante para las organizaciones.
El abogado y el Oficial de Cumplimiento pueden trabajar estrechamente, pero sus funciones no deben confundirse automáticamente.
El abogado aporta principalmente su conocimiento jurídico.
Puede interpretar obligaciones, analizar contratos, evaluar consecuencias legales, asesorar sobre estructuras y operaciones y contribuir a determinar cómo determinadas disposiciones afectan a la organización.
El Oficial de Cumplimiento desarrolla funciones propias dentro del sistema de cumplimiento que corresponda a la organización y a su marco regulatorio.
Dependiendo del sector y de las obligaciones aplicables, esto puede involucrar el seguimiento del programa, la evaluación de riesgos, la implementación y vigilancia de controles, procesos de debida diligencia, capacitación, monitoreo y otras responsabilidades establecidas por la normativa correspondiente.
Ambos pueden encontrarse ante una misma situación y formular preguntas diferentes.
El abogado puede preguntar:
¿Qué consecuencias jurídicas puede tener esta decisión?
Cumplimiento puede preguntar:
¿Qué riesgo representa y qué controles necesitamos aplicar?
Gestión de riesgos puede plantear:
¿Cuál es nuestra exposición y se encuentra dentro de los niveles que la organización está preparada para asumir?
Auditoría puede preguntar posteriormente:
¿Los controles establecidos funcionan realmente como deberían?
Y la Alta Dirección deberá considerar toda esa información para tomar decisiones.
No son funciones rivales.
Son perspectivas complementarias.
Las organizaciones maduras no intentan que una sola persona responda todas las preguntas.
Construyen mecanismos para que las preguntas correctas sean formuladas por las personas adecuadas.
El verdadero valor está en conectar las perspectivas
Este enfoque multidisciplinario permite comprender por qué el cumplimiento no debe considerarse simplemente una extensión del departamento jurídico.
Una norma puede decirnos qué debemos hacer.
Pero construir un sistema capaz de conseguir que eso ocurra de manera consistente requiere algo más.
Necesitamos procesos.
Personas.
Controles.
Tecnología.
Formación.
Supervisión.
Evaluación.
Y liderazgo.
El abogado aporta una pieza fundamental de ese sistema: el criterio jurídico.
Pero su mayor aportación aparece cuando ese criterio se conecta con el conocimiento operativo de quienes gestionan diariamente la organización.
Esa colaboración permite detectar problemas antes, diseñar mejores controles y evitar que las obligaciones regulatorias se conviertan en procedimientos desconectados de la realidad empresarial.
El objetivo no debería ser crear una organización donde todo pase por el departamento jurídico.
El objetivo debería ser construir una organización donde el criterio jurídico esté presente cuando realmente puede mejorar una decisión.
Gobierno corporativo: cuando el criterio jurídico llega antes de la decisión
Una de las áreas donde mejor puede apreciarse la evolución del abogado empresarial es el gobierno corporativo.
Las decisiones importantes de una organización rara vez tienen una única dimensión.
Una expansión puede parecer comercialmente atractiva y, al mismo tiempo, plantear interrogantes jurídicos, regulatorios, operativos o reputacionales.
Una nueva relación con un tercero puede ofrecer una oportunidad de negocio, pero requerir determinadas verificaciones antes de formalizarla.
Una nueva tecnología puede mejorar considerablemente la productividad y, simultáneamente, introducir cuestiones relacionadas con protección de información, propiedad intelectual, contratación, responsabilidad o cumplimiento.
Por eso, incorporar el criterio jurídico antes de adoptar determinadas decisiones puede aportar mucho más valor que solicitar una revisión cuando todo está decidido.
No significa convertir al abogado en quien dirige la empresa.
Significa proporcionarle a quienes sí tienen la responsabilidad de decidir una perspectiva adicional para hacerlo con mayor conocimiento.
El abogado no sustituye a la Junta Directiva ni a la Alta Dirección
Esta diferencia es fundamental.
Una buena estructura de gobierno corporativo necesita responsabilidades claramente definidas.
La Junta Directiva y la Alta Dirección mantienen las funciones que les corresponden dentro de la organización. El asesor jurídico aporta análisis, identifica implicaciones legales y puede ayudar a formular preguntas que permitan comprender mejor una decisión.
Su función no consiste en decidir qué riesgo empresarial debe asumir la compañía.
Consiste en ayudar a comprender las consecuencias jurídicas que pueden acompañar esa decisión.
Podemos verlo mediante un ejemplo sencillo.
Imagine que una organización estudia entrar en una nueva línea de negocio.
El equipo comercial puede analizar:
¿Existe una oportunidad de mercado?
Finanzas:
¿Es económicamente viable?
Gestión de riesgos:
¿Qué exposición puede generar?
Cumplimiento:
¿Qué obligaciones y controles debemos considerar?
El abogado:
¿Qué consecuencias jurídicas, contractuales o regulatorias debemos comprender antes de avanzar?
Y la dirección, con toda esa información, podrá tomar una decisión mejor fundamentada.
El valor no está en que una función sustituya a las demás.
Está en que las diferentes perspectivas lleguen a la mesa antes de tomar la decisión.
Gobierno corporativo también significa saber quién debe decidir
Existe una tendencia a asociar el gobierno corporativo exclusivamente con grandes empresas, juntas directivas o estructuras societarias complejas.
En realidad, uno de sus principios más sencillos puede aplicarse a prácticamente cualquier organización:
definir claramente quién decide, quién supervisa, quién ejecuta y quién informa.
Cuando estas responsabilidades se confunden aparecen problemas.
Una persona puede aprobar algo que debería haber sido escalado.
Una situación relevante puede no llegar oportunamente a la dirección.
Un control puede existir formalmente sin que nadie tenga claramente asignada su supervisión.
O varias áreas pueden asumir que otra está gestionando un riesgo que, finalmente, nadie está atendiendo.
El asesoramiento jurídico puede contribuir a establecer esas reglas con mayor claridad.
Por ejemplo, mediante:
- estructuras adecuadas de delegación y autorización;
- revisión de políticas internas;
- definición contractual de responsabilidades;
- protocolos para determinadas decisiones;
- mecanismos de escalamiento;
- análisis de conflictos de interés;
- y asesoramiento a los órganos responsables de tomar decisiones.
El objetivo no es añadir burocracia.
Es evitar ambigüedades.
Porque una organización puede tener excelentes políticas y, aun así, presentar debilidades si las personas no saben quién tiene la responsabilidad de actuar cuando aparece una situación concreta.
El abogado como facilitador de mejores preguntas
Existe otra aportación menos visible del asesoramiento jurídico.
Un buen abogado no solamente proporciona respuestas.
También ayuda a formular mejores preguntas.
Antes de una decisión relevante, algunas de esas preguntas podrían ser:
¿Tenemos autoridad para hacer esto?
¿Qué obligaciones estamos asumiendo?
¿Quién será responsable si algo no ocurre según lo previsto?
¿Existe algún conflicto de interés?
¿Qué información necesitamos antes de decidir?
¿Cómo documentaremos la decisión?
¿Qué ocurriría si las circunstancias cambian?
¿Tenemos previsto un mecanismo de salida?
Son preguntas aparentemente sencillas.
Pero planteadas en el momento adecuado pueden evitar problemas considerablemente más complejos en el futuro.
Esa capacidad de anticipación es precisamente una de las razones por las que el abogado puede convertirse en un aliado estratégico de la organización.
Cuando aparece una irregularidad: el papel del abogado en las investigaciones internas
Incluso las organizaciones con buenos sistemas preventivos pueden enfrentarse a situaciones que necesitan ser analizadas.
Una denuncia interna.
Una posible irregularidad.
Un conflicto de interés.
Una conducta contraria a las políticas.
Una operación que requiere aclaraciones.
Una posible vulneración contractual.
En estos escenarios, actuar precipitadamente puede ser tan problemático como no actuar.
Una investigación interna requiere establecer con claridad qué ocurrió, qué información existe, quién debe participar y qué medidas corresponde considerar.
El abogado puede desempeñar un papel relevante en este proceso, especialmente cuando existen posibles consecuencias jurídicas.
Entre otras funciones, puede contribuir a:
- delimitar jurídicamente el asunto que debe analizarse;
- identificar las obligaciones aplicables;
- orientar sobre la obtención y tratamiento adecuado de información;
- analizar contratos, comunicaciones u otros documentos relevantes;
- evaluar posibles consecuencias jurídicas;
- asesorar sobre las medidas que podrían adoptarse;
- y ayudar a documentar adecuadamente el proceso.
Pero, nuevamente, debemos evitar presentar estas investigaciones como una función exclusivamente jurídica.
Dependiendo de la naturaleza del caso pueden necesitar participar otras áreas.
Recursos Humanos.
Auditoría Interna.
Cumplimiento.
Seguridad de la Información.
Tecnología.
Especialistas externos.
Alta Dirección.
Cada investigación debe diseñarse de acuerdo con sus circunstancias.
Lo importante es que exista un proceso suficientemente claro para evitar improvisaciones cuando aparezca una situación delicada.
La tecnología está transformando el trabajo jurídico
Si existe un ámbito que está modificando rápidamente la profesión jurídica, es la tecnología.
Herramientas digitales que hace algunos años parecían reservadas a grandes firmas pueden hoy utilizarse para tareas como:
- localizar información dentro de grandes volúmenes documentales;
- comparar documentos;
- organizar expedientes;
- analizar contratos;
- identificar determinadas cláusulas;
- preparar borradores;
- resumir información;
- realizar búsquedas;
- automatizar tareas administrativas;
- y apoyar diferentes procesos de revisión.
La inteligencia artificial generativa ha acelerado todavía más esta transformación.
Esto abre oportunidades importantes.
Un profesional que reduce el tiempo dedicado a determinadas tareas repetitivas puede dedicar una mayor parte de su trabajo al análisis, la estrategia, la comunicación con el cliente y la evaluación de situaciones complejas.
Pero existe una diferencia fundamental entre utilizar inteligencia artificial para apoyar el trabajo profesional y delegar en ella el criterio profesional.
No son lo mismo.
Inteligencia artificial: herramienta, no sustituto del criterio profesional
Una herramienta de inteligencia artificial puede generar en segundos un texto que aparentemente parece jurídicamente correcto.
Ese resultado, sin embargo, no garantiza que:
- la norma citada exista;
- continúe vigente;
- corresponda a la jurisdicción adecuada;
- haya sido interpretada correctamente;
- contemple las circunstancias particulares del caso;
- o esté libre de errores.
Por eso la velocidad no puede sustituir a la verificación.
Las orientaciones profesionales internacionales sobre el uso de inteligencia artificial en la práctica jurídica están prestando especial atención a cuestiones como la competencia profesional, la confidencialidad, la supervisión y la responsabilidad sobre los resultados obtenidos.
Para una empresa, esta cuestión también es importante.
Antes de incorporar herramientas de inteligencia artificial en áreas jurídicas o de cumplimiento conviene plantearse preguntas como:
¿Qué información estamos introduciendo en la herramienta?
¿Dónde puede almacenarse?
¿Quién puede acceder a ella?
¿Estamos introduciendo información confidencial?
¿Quién verifica los resultados?
¿Existe supervisión humana antes de tomar una decisión?
¿Podemos explicar cómo llegamos a una determinada conclusión?
El hecho de que una herramienta permita hacer algo no significa automáticamente que debamos utilizarla para cualquier tipo de información o decisión.
La innovación necesita gobernanza.
El nuevo reto no será saber utilizar inteligencia artificial. Será saber cuándo confiar en ella
La inteligencia artificial probablemente continuará incorporándose a numerosos procesos jurídicos.
Pero esto no reduce la importancia del abogado.
Puede hacer exactamente lo contrario.
Cuanto mayor sea la cantidad de información que pueda procesarse automáticamente, mayor será la importancia de saber:
- qué información es relevante;
- qué fuentes son fiables;
- qué resultado necesita verificación;
- qué riesgo existe;
- qué contexto falta;
- y qué decisión requiere necesariamente criterio humano.
El profesional del futuro no tendrá que competir con una herramienta por ver quién redacta más rápido.
Su valor estará en aquello que la herramienta no puede asumir por sí sola: responsabilidad profesional, criterio, contexto, interpretación y capacidad para comprender las consecuencias de una decisión.
La tecnología también crea nuevos riesgos para las empresas
El abogado no solo tendrá que utilizar nuevas tecnologías.
También deberá ayudar a las organizaciones a comprenderlas.
La adopción empresarial de inteligencia artificial puede plantear cuestiones relacionadas con:
- privacidad y tratamiento de información;
- propiedad intelectual;
- relaciones laborales;
- contratación con proveedores tecnológicos;
- responsabilidad;
- seguridad de la información;
- transparencia;
- uso de sistemas automatizados;
- y nuevas obligaciones regulatorias en determinadas jurisdicciones.
Esto resulta especialmente importante para organizaciones que operan internacionalmente.
El desarrollo regulatorio de la inteligencia artificial está avanzando a ritmos diferentes en distintas partes del mundo, lo que obliga a analizar las obligaciones aplicables según la actividad, la tecnología utilizada y las jurisdicciones involucradas.
Por tanto, el abogado empresarial del futuro necesitará algo más que conocimiento jurídico tradicional.
Necesitará comprender suficientemente la tecnología para poder hacer las preguntas jurídicas correctas.
No tiene que convertirse en programador.
Pero tampoco puede permanecer ajeno a cómo funcionan las herramientas que están transformando los procesos de sus clientes.
Tecnología, cumplimiento y gobierno corporativo comienzan a converger
Esta transformación nos devuelve al punto de partida.
Durante mucho tiempo fue relativamente sencillo separar departamentos:
Legal.
Tecnología.
Riesgos.
Cumplimiento.
Operaciones.
Hoy esas fronteras son mucho menos claras.
Una decisión tecnológica puede generar un riesgo jurídico.
Una obligación regulatoria puede requerir una solución tecnológica.
Una herramienta utilizada por Recursos Humanos puede plantear cuestiones relacionadas con datos y decisiones automatizadas.
Un nuevo proveedor tecnológico puede requerir debida diligencia, revisión contractual, evaluación de seguridad y análisis de riesgos.
Por eso las organizaciones necesitan cada vez más colaboración entre disciplinas.
Y el abogado puede desempeñar un papel especialmente valioso en ese entorno si comprende que su función no consiste únicamente en responder:
“¿Es legal?”
También puede ayudar a plantear:
“¿Qué necesitamos comprender antes de decidir?”
Esa segunda pregunta representa mucho mejor la evolución del asesoramiento jurídico empresarial.
Qué debería esperar hoy una empresa de su abogado
El entorno empresarial ha cambiado y, con él, también las necesidades de las organizaciones.
Una empresa sigue necesitando abogados capaces de interpretar correctamente una norma, redactar un contrato, defender sus intereses o responder ante un conflicto.
Pero puede obtener mucho más valor cuando el asesoramiento jurídico también participa en la prevención.
Esto no significa que el abogado deba intervenir en cada decisión empresarial.
Significa identificar aquellos momentos en los que una decisión puede generar consecuencias jurídicas relevantes y procurar que el análisis llegue antes de que la organización actúe.
Desde esta perspectiva, existen algunas características que pueden ayudar a las empresas a evaluar el valor de su asesoramiento jurídico.
1. Comprender el negocio, no solamente la norma
Dos empresas sometidas a una misma disposición pueden enfrentarse a circunstancias completamente diferentes.
Su actividad.
Sus clientes.
Los países en los que operan.
Los terceros con los que trabajan.
Su estructura.
Su tamaño.
Sus procesos.
Sus riesgos.
Por eso, una respuesta jurídicamente correcta puede resultar insuficiente si no considera la realidad de la organización.
El abogado empresarial necesita comprender qué intenta conseguir la empresa para poder analizar adecuadamente las implicaciones jurídicas de sus decisiones.
No se trata únicamente de responder:
¿Qué dice la norma?
También hay que comprender:
¿Cómo afecta esta norma a esta organización concreta?
Ese cambio de perspectiva transforma el asesoramiento jurídico en una herramienta mucho más útil para la toma de decisiones.
2. Explicar lo complejo de manera comprensible
Una empresa no debería necesitar convertirse en especialista jurídica para comprender sus obligaciones.
Esta capacidad resulta especialmente importante cuando el asesoramiento llega a personas que no tienen formación legal.
Gerentes.
Directores.
Responsables de operaciones.
Personal comercial.
Tecnología.
Recursos Humanos.
Juntas Directivas.
Una explicación llena de términos jurídicos puede ser técnicamente impecable y, al mismo tiempo, resultar poco útil para quien necesita tomar una decisión.
El abogado debe ser capaz de traducir la complejidad jurídica en preguntas empresariales comprensibles:
¿Qué debemos hacer?
¿Por qué debemos hacerlo?
¿Qué riesgo estamos intentando gestionar?
¿Quién debe actuar?
¿Cuándo debemos hacerlo?
¿Qué necesitamos documentar?
Esto conecta directamente con la cultura de cumplimiento.
Las personas difícilmente pueden aplicar correctamente una obligación que no comprenden.
3. Identificar riesgos sin paralizar la empresa
Una de las funciones más valiosas del asesoramiento jurídico consiste en advertir sobre riesgos.
Pero identificar un riesgo no significa necesariamente detener una decisión.
Las empresas existen para desarrollar actividades y, por definición, toda actividad empresarial implica asumir determinados riesgos.
El valor del asesoramiento está en ayudar a comprenderlos.
¿Qué puede ocurrir?
¿Qué probabilidad existe?
¿Qué consecuencias podría tener?
¿Qué medidas pueden reducir la exposición?
¿Qué alternativas existen?
¿Quién debe decidir finalmente?
En ocasiones, la recomendación adecuada será no continuar.
En otras, será modificar determinadas condiciones.
También puede consistir en incorporar controles, solicitar información adicional, renegociar una cláusula o establecer mecanismos de seguimiento.
El objetivo no debería ser construir una empresa que nunca asuma riesgos.
Debería ser contribuir a construir una organización que comprenda los riesgos antes de asumirlos.
4. Saber cuándo necesita otras disciplinas
Un abogado no tiene que tener todas las respuestas.
De hecho, reconocer cuándo una situación requiere conocimientos adicionales es una característica de un asesoramiento profesional sólido.
Una cuestión puede necesitar la participación de:
- especialistas en cumplimiento;
- auditores;
- profesionales de gestión de riesgos;
- expertos financieros;
- especialistas tecnológicos;
- profesionales de ciberseguridad;
- Recursos Humanos;
- especialistas tributarios;
- u otros profesionales.
Las organizaciones modernas funcionan mediante sistemas cada vez más interconectados.
Pretender analizar problemas complejos desde una sola disciplina puede provocar que aspectos importantes queden fuera del análisis.
Por eso, el abogado que aporta mayor valor no necesariamente es quien intenta resolverlo todo.
También es quien sabe cuándo debe incorporar otra perspectiva.
5. Ayudar a convertir las obligaciones en procesos
Identificar una obligación constituye solamente el primer paso.
Después hay que conseguir que la organización pueda cumplirla de manera consistente.
Esto puede exigir establecer:
- responsabilidades;
- procedimientos;
- controles;
- evidencias;
- autorizaciones;
- mecanismos de escalamiento;
- revisiones periódicas;
- formación;
- y seguimiento.
Aquí vuelve a aparecer la necesidad de colaboración entre el área jurídica y las demás funciones de la empresa.
Legal puede ayudar a determinar qué exige una obligación.
Cumplimiento puede contribuir a incorporarla al sistema de controles.
Operaciones puede explicar cómo funciona realmente el proceso.
Tecnología puede ayudar a automatizar determinadas actividades.
Auditoría puede posteriormente comprobar si el mecanismo funciona correctamente.
La solución más eficaz suele aparecer cuando la obligación jurídica se integra en el proceso empresarial en lugar de añadirse artificialmente al final.
Es precisamente la lógica que existe detrás del concepto de Compliance by Design: considerar el cumplimiento desde el diseño de los procesos.
6. Mantener criterio independiente
Existe otro elemento que no debería perderse en esta evolución del abogado hacia una función más cercana al negocio: su criterio profesional.
Comprender los objetivos comerciales de una organización no significa confirmar automáticamente todas sus decisiones.
En ocasiones, el verdadero valor del asesoramiento consiste precisamente en plantear una objeción.
Advertir de una consecuencia.
Solicitar información adicional.
Cuestionar una estructura.
Recomendar una alternativa.
O indicar que una determinada actuación no debería continuar.
Un buen asesoramiento jurídico debe estar suficientemente cerca del negocio para comprenderlo, pero mantener la independencia necesaria para advertir cuando existe un problema.
Ese equilibrio entre comprensión empresarial y criterio profesional resulta fundamental.
Una guía rápida para empresarios: seis preguntas que conviene hacerse
No todas las empresas necesitan la misma estructura jurídica ni el mismo modelo de cumplimiento.
Pero existen algunas preguntas que pueden resultar útiles para evaluar cómo está participando actualmente el asesoramiento jurídico dentro de la organización:
- ¿Nuestro abogado conoce suficientemente cómo funciona nuestro negocio?
No únicamente nuestros documentos societarios, sino nuestras operaciones, mercados y principales relaciones.
- ¿Participa antes de las decisiones importantes o solamente cuando aparece un problema?
La prevención requiere intervenir en el momento adecuado.
- ¿Comprendemos sus recomendaciones?
El asesoramiento debe poder convertirse en decisiones y acciones concretas.
- ¿Existe coordinación entre Legal, Cumplimiento, Riesgos y otras áreas relevantes?
Las funciones pueden ser diferentes sin trabajar de manera aislada.
- ¿Tenemos claramente definido quién decide, quién ejecuta y quién supervisa?
La claridad de responsabilidades reduce ambigüedades.
- ¿Estamos utilizando el asesoramiento jurídico únicamente para reaccionar o también para prevenir?
Probablemente esta sea la pregunta que resume todas las anteriores.
El futuro del abogado empresarial será cada vez más multidisciplinario
La profesión jurídica continuará transformándose.
La regulación seguirá evolucionando.
Las operaciones empresariales serán cada vez más internacionales.
La tecnología modificará procesos.
La inteligencia artificial automatizará determinadas tareas.
Y aparecerán riesgos que hoy todavía estamos comenzando a comprender.
En este contexto, memorizar más normas difícilmente será suficiente.
El abogado necesitará combinar conocimiento jurídico con capacidad para comprender negocios, tecnología, riesgos y personas.
Pero hay algo que probablemente no cambiará.
Las organizaciones seguirán necesitando criterio.
Necesitarán profesionales capaces de analizar situaciones complejas, distinguir información relevante, interpretar obligaciones y comprender las consecuencias que pueden derivarse de una decisión.
La tecnología puede acelerar muchas tareas.
Pero la responsabilidad sobre una decisión seguirá necesitando personas capaces de ejercer juicio profesional.
Mucho más que interpretar la ley
Cada 9 de agosto, el Día del Abogado ofrece en Panamá una oportunidad para reconocer una profesión profundamente vinculada con la construcción institucional del país.
Pero también puede servir para mirar hacia adelante.
El abogado empresarial contemporáneo ya no tiene por qué aparecer únicamente cuando existe un conflicto.
Puede participar antes.
Cuando se estructura una operación.
Cuando comienza una relación comercial.
Cuando se diseña un proceso.
Cuando aparece una nueva tecnología.
Cuando se analiza un riesgo.
Cuando la Junta Directiva necesita comprender las implicaciones de una decisión.
Cuando una organización intenta convertir una obligación normativa en una forma concreta de trabajar.
En todos esos momentos, el Derecho puede aportar valor.
No sustituyendo al empresario.
No sustituyendo al Oficial de Cumplimiento.
No sustituyendo a auditoría ni a gestión de riesgos.
Sino aportando una perspectiva jurídica que complemente todas las anteriores.
Porque las organizaciones sólidas no son aquellas que consiguen eliminar toda incertidumbre.
Son aquellas que desarrollan mejores mecanismos para comprenderla y tomar decisiones informadas.
Y ahí encontramos probablemente una de las mejores definiciones del abogado como aliado estratégico:
un profesional que no solamente ayuda a la organización a comprender qué puede hacer, sino también qué debería considerar antes de decidir hacerlo.
El Derecho aporta mayor valor a la empresa cuando, además de responder ante los problemas, contribuye a anticiparlos, comprenderlos y prevenirlos.